La reforma de la Ley para la Defensa de los Consumidores, aprobada esta semana en el Congreso, contiene importantes mejoras en la protección de los usuarios en su relación con las empresas proveedoras de servicios, ayuda a clarificar el alcance y vinculación de los contratos, especialmente los que se formalizan por teléfono o Internet, regula con mayor eficacia las exigencias de facturación y mejora en general la seguridad jurídica. Pero la novedad más celebrada tiene que ver con las barreras que establece para frenar el acoso comercial con el que se bombardea a los ciudadanos con ofertas a través del teléfono, correos electrónicos o mensajes por fax. El abuso en la utilización de estos medios ha sido tal que se han establecido límites horarios y barreras protectoras para quienes quieran evitar estos mensajes.