Los parques infantiles que pueblan los municipios españoles no cuentan con un marco regulador que establezca unos requisitos mínimos de seguridad, como tampoco en la mayoría de los casos son accesibles para niños con discapacidad, que si bien pueden tener una rampa para entrar, no cuentan con juegos adaptados para ellos.    

Así se desprende de un informe monográfico elaborado por la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril --presentado este martes en el Senado--que analiza esta cuestión sobre la que ya se pronunció la institución en el año 1997 sin que se hayan producido avances notables: pide a la Administración General del Estado que apruebe un marco regulador general y a las comunidades y ayuntamientos, que la desarrollen.