Una inesperada alianza entre los dos extremos del sistema judicial se ha convertido en la mejor defensa de las personas expuestas en España a contratos hipotecarios abusivos. Sentencia a sentencia, los magistrados de a pie y la máxima corte europea en Luxemburgo han obligado a a enmendar la normativa hipotecaria española para evitar las cláusulas leoninas que dejaban indefensos a los clientes.

Ayer se produjo el enésimo golpe de la extraña pareja. El Tribunal de Justicia Europeo, a instancias de un juzgado de primera instancia de Martorell, falló en contra del plazo concedido (un mes) por el Gobierno en 2013 para impugnar los procesos de ejecución puestos en marcha antes de la reforma hipotecaria de ese mismo año. La sentencia no afecta al plazo para recurrir (10 días) de las ejecuciones iniciadas después de la reforma.

Gobierno y patronal bancaria se apresuraron a destacar que se trata de un caso relativamente menor, porque afectará a un número limitado de clientes. Ese matiz parece incontestable. Pero también parece claro que el veredicto revela que los jueces han empezado ahora a revisar hasta las comas de las reformas impuestas por sus anteriores sentencias.