Europa ha vuelto a sacar los colores a España por su legislación hipotecaria. Una normativa que el país está viendo continuamente corregida a golpe de sentencias, a menudo emitidas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y que Bruselas reclama ahora adaptar cuanto antes a los estándares comunitarios.
 
De hecho, España tenía obligación de transponer la nueva directiva europea en materia hipotecaria antes del pasado 21 de marzo. La falta de actuación en este sentido por parte del Gobierno del PP durante el último tramo de la legislatura o durante su mandato en funciones de los últimos meses, lega al nuevo Ejecutivo que salga de las elecciones del 26 de junio el deber de reformar la ley hipotecaria a riesgo de que si no la Unión Europea le abra un expediente.