Una nueva multa en el sector de la energía, un nuevo golpe a la Responsabilidad Social Corporativa/Empresarial (RSE/RSC). Una infracción, que ha afectado a más de 350.000 usuarios de Endesa en la comunidad autónoma, que está considerada como muy grave por la vigente legislación de defensa de los consumidores. La sanción que ha impuesto la Junta de Andalucía incluye también el comiso del beneficio ilícito obtenido durante 2014, que se cifra en 1,39 millones de euros.

El procedimiento sancionador se inició en noviembre de 2014 a raíz de una denuncia que señalaba la existencia de un gran número de contadores de telegestión instalados pero que no cumplían su función al no estar integrados en el sistema y, por tanto, no reportaban ninguna ventaja adicional a los tradicionales ni prestaban más servicios. Pese a ello, la compañía cobraba un precio de alquiler de 0,81 euros/mes, precio aplicable a un equipo telegestionado, por lo que los consumidores pagaban 33 céntimos más de lo que les correspondería, teniendo en cuenta que las prestaciones recibidas eran las mismas que las de un contador analógico.

Tras requerir información y documentación a la distribuidora, la Administración autonómica confirmó la existencia de 351.050 contadores de telegestión no integrados, por los que se estaba cobrando un precio de alquiler abusivo. El correspondiente expediente sancionador se abrió en diciembre de 2015.