Tras dos sentencias en que negó la devolución de lo cobrado por una cláusula suelo en dos hipotecas gestionadas al amparo del Gobierno de Canarias, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife aclara en una nueva decisión judicial que no basta con haber aceptado previamente las condiciones ofrecidas desde el Ejecutivo regional, sino que además el banco debe demostrar en el proceso que hubo acceso a la información precisa. Solo así, detalla esta reciente sentencia (fechada el pasado día 12), se consideran cumplidos los requisitos de transparencia exigidos tanto por la jurisprudencia emanada del Tribunal Supremo como desde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).