El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales tres artículos de la Ley de la Cadena Alimentaria de 2013 que suponen limitar los poderes de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), el organismo creado para la vigilancia del sector, en favor de las comunidades autónomas.

En concreto, el alto tribunal da la razón en parte a la Generalitat de Cataluña, que presentó en 2013 un recurso contra cuatro artículos de la ley, al entender que había un conflicto competencial en las atribuciones a la AICA.