a resolución y posterior venta de Banco Popular a Banco Santander el pasado 7 de junio ha provocado una avalancha de demandas no solo en los tribunales españoles, sino también en Luxemburgo. Los bonistas y accionistas (más de 300.000) que perdieron todo su dinero tras la resolución de Popular –primera que se lleva a cabo en Europa–, buscan la anulación de esa operación y/o como mínimo una compensación.

Para ello, un gran número de inversores han presentado más de medio centenar de reclamaciones ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con sede en Luxemburgo, de las que se han aceptado prácticamente todas, 51 en total, según datos del propio tribunal hechos públicos ayer. Todas ellas piden que la Junta Única de Resolución (JUR, el FROB europeo) que anule la venta de Popular a Santander y que indemnice a los inversores, aunque algunas también incluyen en sus demandas a la Comisión Europea (CE).