Las administraciones públicas tienen la potestad de multar a las entidades financieras que incluyan cláusulas abusivas en sus créditos. Incluso aunque no haya una decisión judicial que condene al banco en cuestión. Así lo ha aclarado este viernes el Tribunal Supremo en un fallo sobre el pulso abierto entre la Junta de Andalucía y Unicaja que sienta doctrina y abre la puerta a que las comunidades autónomas sancionen a la banca por abusar de los consumidores.

La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo del Supremo recuerda que Ley General para la Defensa de los Consumidores no impone la necesidad de que un juzgado de lo civil declare abusivas las cláusulas de una entidad financiera como condición previa a que la administración correspondiente le imponga una multa, pues la “potestad sancionadora” es suya.