Si hay una cosa por la que se caracterizó el pasado año es por la sucesión de polémicas relacionadas con la alimentación: azúcar, aceite de palma, panga y un largo etcétera. Pero también fuimos testigos de algunas medidas sanitarias encaminadas a luchar contra el ambiente obesogénico (es decir, contra todas esas cosas de nuestro entorno que favorecen la obesidad) y, en definitiva, dirigidas a mejorar la salud pública a través de la alimentación. Cabe destacar que muchas de ellas fueron aplicadas en otros países, ya que en España las acciones en este sentido fueron más bien tímidas, por no decir escasas, ineficaces o inexistentes, según el caso. No son pocos los profesionales sanitarios que opinan que esto se debe a una falta de voluntad política que, como veremos más adelante, se explicaría en parte por la influencia que ejercen las corporaciones alimentarias. Tampoco debemos olvidar que hay un sector de la sociedad que se opone a este tipo de estrategias porque cree que suponen una amenaza para su libertad. Ni que decir tiene que no todo el mundo está de acuerdo en eso, así que periódicamente hemos podido presenciar encendidos debates al respecto que seguramente se repetirán en un futuro. Pero veamos de qué estamos hablando.