El Consejo de Ministros dio luz verde a la reforma de la Ley de Cadena Alimentaria y, con ella, pone fin a la venta a pérdida, prohíbe las promociones engañosas y establece el coste de producción como elemento obligatorio en las relaciones contractuales entre agricultor y distribuidor. Una reforma legislativa que genera dudas, como la reacción de los supermercados o la posibilidad de que suban los precios de venta al consumidor.