La Consejería ha tenido que impulsar numerosas acciones con el fin de dar una respuesta tecnológica a la crisis provocada por la COVID-19, la cual moderniza la Administración autonómica bajo el paraguas de cuatro principios: el mantenimiento de los servicios públicos (a pesar del incremento del trabajo a distancia); la extensión del propio teletrabajo; la simplificación de los procedimientos (en algunos casos, con posibilidad de permanencia) y la integración práctica en un único cuerpo de administración y de servicio con otras consejerías, pero muy especialmente con la de Sanidad.

Así, en lo que va de crisis, esta consejería ha emitido 30.000 certificados para la conexión del personal; ha adquirido más de 400 ordenadores portátiles para extender el teletrabajo; ha implantado una app para el fichaje remoto; ha multiplicado por cinco la capacidad de videoconferencias, ha desplegado más de 1.000 extensiones telefónicas para trabajo a distancia; ha ampliado un 25% la plataforma de correos electrónicos, ha creado un chatbot para responder las dudas de la ciudadanía en materia de Justicia, y ha mejorado la sede electrónica con la introducción del sistema aCl@ve Pin.

Además, se han gestionado cerca de 20.000 ERTES y se ha ampliado en casi 150 canales la capacidad telefónica de los hospitales para que no se produzcan colapsos