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España ha aprobado recientemente la primera ley estatal contra el desperdicio alimentario, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y la cual entrará en vigor en abril de 2026. El objetivo principal pasa por reducir las pérdidas de alimentos a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde la producción hasta el consumo, fomentando un uso más eficiente y sostenible.

Así, uno de los aspectos más relevantes de la nueva Ley es el aumento de las obligaciones para empresas del sector alimentario, las cuales deberán contar con un plan de prevención que identifique y minimice las pérdidas, además de promover la donación de excedentes. Destaca además la exención de las microempresas y pequeños comercios de ciertas obligaciones, así como la priorización del consumo humano de los alimentos o la imposición de sanciones por incumplimiento de la norma, entre otros.