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El Parlamento Europeo ha aprobado recientemente posponer un año la aplicación de los nuevos requisitos sobre diligencia debida e información corporativa en sostenibilidad, que buscan obligar a las empresas a identificar y mitigar su impacto negativo en personas y medio ambiente

Las nuevas fechas extienden el plazo para que los Estados miembros incorporen estas normas a sus legislaciones hasta julio de 2027, y retrasan su cumplimiento para grandes empresas hasta 2028. Las pymes cotizadas empezarán a reportar su impacto ambiental y social en 2029.

Aunque se argumenta que la prórroga da tiempo a una mejor implementación, críticos consideran este aplazamiento como un retroceso en los compromisos europeos hacia una economía más responsable y sostenible.