La nueva Ley de Movilidad Sostenible del Gobierno de España no incluirá objetivos claros de descarbonización, a pesar de que el transporte es el principal emisor de gases de efecto invernadero en el país (32,5 % en 2023).

Por este motivo, la nueva Ley ha recibido numerosas críticas, especialmente por no introducir metas climáticas concretas y obligatorias, como la neutralidad climática antes de 2050 o planes de movilidad sostenible en centros de trabajo con más de 100 empleados. Además, las asociaciones denuncian que el texto actual deja fuera a la mayoría del tejido empresarial español, formado por pymes.