La protección de los derechos del consumidor en España ha ganado una nueva dimensión en los últimos años, pasando de un sistema descentralizado a uno con una capacidad sancionadora estatal más robusta. El Ministerio de Consumo, ahora bajo la dirección de Pablo Bustinduy, ha intensificado su vigilancia sobre las prácticas empresariales, imponiendo sanciones millonarias que buscan disuadir los abusos sistemáticos. Un análisis de los expedientes sancionadores más elevados, muchos de ellos impulsados por denuncias de la organización FACUA-Consumidores en Acción, revela un patrón claro: las aerolíneas, los bancos y las empresas de telecomunicaciones son los protagonistas recurrentes de las infracciones más graves.