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La Unión Europea estudia reducir los requisitos de sostenibilidad y limitar las empresas obligadas a cumplirlos, en el marco de un plan de simplificación regulatoria para mejorar la competitividad.

La Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo apoyó suavizar dos normas clave: La Directiva sobre información corporativa en sostenibilidad (CSRD), afectando solo a empresas con más de 1.000 empleados o 450 millones de euros en facturación; y la Directiva sobre diligencia debida (CSDDD), la cual se aplicará solo a empresas con más de 5.000 empleados y 1.500 millones en ventas.

Así, aunque las medidas aliviarán la burocracia que frena a las pymes y la inversión, se retrocede en sus compromisos del Pacto Verde, debilitando la transparencia empresarial y poniendo en riesgo los objetivos climáticos.