La Ley de Restauración de la Naturaleza de la Unión Europea avanza con retraso y de forma desigual entre los Estados miembros, situando a España en una posición rezagada para cumplir los objetivos vinculantes de restauración de ecosistemas antes de 2030. Aunque el país ha iniciado la elaboración de su Plan Nacional de Restauración y ha mejorado el acceso a datos ambientales, el proceso presenta lagunas técnicas, escasa ambición, limitada participación científica y un débil liderazgo político.

Organizaciones ecologistas alertan de que la conversión de los planes en acciones concretas sobre el terreno está aún muy lejos y reclaman acelerar la planificación, reforzar la coordinación institucional y garantizar recursos suficientes.